La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una nueva investigación contra la jueza Claribel Rodríguez, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, por presuntas maniobras que habrían retrasado la recaptura de Emilio Tapia, condenado por corrupción en el escándalo de Centros Poblados. El contratista fue detenido el pasado 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, veinte días después de que un juez de Bogotá ordenara su captura.
Según fuentes cercanas al proceso, la jueza no habría recibido la orden de manera inmediata, y Tapia se encontraba hospitalizado por hipertensión mientras organizaba su entrega. A pesar de que fue la Fiscalía quien solicitó su libertad bajo un principio de oportunidad, y que Rodríguez pidió garantías antes de concederla, ahora se le acusa de “obstrucción a la justicia” por no actuar con mayor rapidez. Para algunos juristas, este señalamiento parece más una jugada institucional para apartarla del caso que una sanción por negligencia.
Varios jueces que han emitido decisiones incómodas han terminado investigados o removidos de sus cargos. En este contexto, el caso de Rodríguez plantea una pregunta inquietante: ¿se castiga el error o la autonomía? Mientras Tapia permanece recluido en la cárcel El Bosque, la jueza deberá enfrentar un proceso disciplinario que, según voces del sector, podría tener más de fondo que de forma.