El grupo islamista Hamás respaldó públicamente al presidente Gustavo Petro tras su decisión de expulsar a los últimos diplomáticos israelíes en Colombia y denunciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. El pronunciamiento se dio luego de que fuerzas israelíes interceptaran la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza, y detuvieran a varios activistas, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. Petro reaccionó ordenando la salida total del personal israelí en Bogotá y anunciando la cancelación del acuerdo comercial, que quedará sin efecto en seis meses.
En un comunicado difundido por medios internacionales, Hamás celebró la postura del mandatario colombiano: “Valoramos la decisión del presidente de expulsar a los restantes miembros de la misión diplomática sionista y de cancelar el acuerdo de libre comercio con la ocupación”, afirmaron, calificando la interceptación de la flotilla como un “crimen del ejército fascista”. El respaldo del grupo, considerado terrorista por múltiples países, generó reacciones encontradas en el ámbito político colombiano y encendió el debate sobre las implicaciones diplomáticas de este apoyo.
La medida fue oficializada por Petro a través de su cuenta de X, donde también convocó a juristas internacionales para sustentar sus denuncias contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes internacionales en Gaza. Aunque el presidente también anunció que el batallón Guardia Presidencial asumiría la seguridad de la Casa de Nariño, el gesto fue interpretado como una señal de alerta ante la tensión creciente entre Bogotá y Tel Aviv.
Con esta decisión, Colombia profundiza la ruptura total de relaciones con Israel, iniciada en mayo de 2024. El excanciller Julio Londoño Paredes confirmó que, tras la salida de los últimos funcionarios consulares, no queda ningún representante israelí en el país. Mientras tanto, manifestantes propalestinos se congregaron en Bogotá para respaldar las medidas del gobierno y exigir justicia por la detención de los activistas humanitarios. Petro, por su parte, se mantiene firme en su postura: “No hay tratados con quienes violan el derecho internacional”.