La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vuelve a ser escenario de una crisis humanitaria que amenaza con desplazar y confinar a más de 6.000 personas, producto de los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33, ambos con nexos con el narcotráfico y la estancada política de la llamada “paz total”. La violencia recrudece en un territorio históricamente golpeado, donde la población civil queda atrapada entre las balas y el abandono institucional.
Ante la gravedad de la situación, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que el Estado, junto al presidente Gustavo Petro, debe implementar acciones urgentes para frenar la escalada violenta. Márquez advirtió que el cierre de este 2025 no puede repetirse con una tragedia similar a la de hace un año, cuando más de 60.000 personas fueron desplazadas y cerca de 100 asesinatos estremecieron a la región.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios han exigido medidas inmediatas que garanticen la protección de las comunidades, denunciando que la “paz total” se ha convertido en un discurso vacío frente a la realidad de los territorios. La población reclama presencia efectiva del Estado, soluciones estructurales y garantías de seguridad para evitar que el Catatumbo siga siendo un campo de guerra.
La crisis evidencia el fracaso de los acuerdos y la incapacidad de las autoridades para contener la violencia, mientras los grupos armados consolidan su poder en zonas estratégicas para el narcotráfico. El Catatumbo, una vez más, se convierte en el espejo de la fragilidad institucional y en el recordatorio de que la paz prometida sigue siendo una deuda pendiente.
