El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de haber recibido un salario mensual cercano a los 14 millones de pesos como diputado de la Asamblea del Atlántico entre 2020 y 2023, se conoció que no realiza aportes al sistema de salud colombiano y aparece registrado como beneficiario en la ADRES. Este estatus le permite acceder a los servicios médicos sin ser cotizante, lo que ha generado fuertes críticas en la opinión pública.
La revelación se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en los que la Fiscalía lo acusa de haber aumentado su patrimonio de manera injustificada en más de mil millones de pesos. Para sectores críticos, el hecho de que Petro Burgos no aporte al sistema de salud, pese a sus ingresos y lujos, refleja un contraste con la realidad de millones de colombianos que deben cumplir con sus cotizaciones para acceder a los servicios.
El debate también pone sobre la mesa el funcionamiento del sistema de salud en Colombia, que desde 1993 distingue entre el régimen contributivo donde los trabajadores aportan según sus ingresos y el subsidiado, destinado a población vulnerable. La condición de beneficiario, que permite acceder sin aportar, está pensada para dependientes o personas sin capacidad económica, lo que abre interrogantes sobre la pertinencia de que alguien con altos ingresos figure bajo esta modalidad.
En plena campaña de debates sobre reformas sociales, la controversia alimenta la percepción de que los beneficios del sistema pueden ser usados de manera cuestionable, mientras la ciudadanía enfrenta dificultades para sostener sus aportes.
