En Colombia no falta plata, sobran ladrones. Así lo denunció con vehemencia la senadora María Fernanda Cabal, quien arremetió contra la reciente consulta interna del Pacto Histórico, asegurando que detrás de los más de dos mil setecientos votos obtenidos en ciertos territorios no hubo convicción política, sino maquinaria, contratos y dinero circulando como gasolina electoral. “¿Qué celebran?”, cuestionó Cabal, al señalar que el triunfo de Iván Cepeda no fue espontáneo ni legítimo, sino producto de una estrategia financiada con recursos públicos y favores políticos.
Según la congresista del Centro Democrático, en varias ciudades se contrataron más de 300 taxis para movilizar votantes, una logística que, lejos de ser voluntaria, habría sido impulsada por promesas laborales y pagos encubiertos. “Los mismos que antes no superaban los 9.000 votos hoy aparecen inflados gracias a los clanes dueños de la contratación pública”, afirmó Cabal, insinuando que detrás del éxito del Pacto Histórico hay territorios dominados por economías ilegales y redes clientelistas.
La denuncia no solo pone en tela de juicio la transparencia del proceso electoral, sino que revive el fantasma de la compra de votos como práctica sistemática en Colombia. Cabal exigió una investigación profunda sobre el origen de los recursos utilizados en la consulta, advirtiendo que “el mapa del crimen define los votos” y que la democracia está siendo secuestrada por quienes manejan la chequera estatal como si fuera propia.