La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que desconocía por completo la información publicada y que su entidad ya trabaja en confirmar la veracidad de los documentos. “No quiero actuar con precipitud”, advirtió, dejando claro que no reconoce participación alguna en los hechos señalados.
Camargo enfatizó que lo revelado por el medio es reservado y que, por esa razón, la Fiscalía debe verificar su existencia y contenido antes de pronunciarse oficialmente. Con esta declaración, la jefa del ente acusador buscó frenar las versiones que la ubican como parte de un entramado criminal, insistiendo en que no tiene relación con las reuniones ni con los pactos descritos en los chats incautados. Su postura fue tajante: no hay pruebas que la vinculen.
Entre los nombres que aparecen en los documentos está el del general Juan Miguel Huertas, quien habría participado en reuniones con hombres de alias ‘Calarcá’ para explorar la creación de una empresa de seguridad fachada. Según los chats, Huertas ofrecía gestionar permisos de armas y facilitar la movilidad de guerrilleros con órdenes de captura. También figura Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalado como el puente entre las disidencias y la Fuerza Pública.
Las revelaciones incluyen supuestos pactos de no agresión en zonas como Catatumbo y el sur de Bolívar, con oficiales entregando códigos radiales a los grupos armados. Mientras tanto, la Fiscalía promete verificar cada detalle antes de pronunciarse oficialmente, pero la tormenta política ya está desatada.
