Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y figura polémica dentro del Pacto Histórico, recibió este jueves un golpe fulminante a sus aspiraciones presidenciales. La Registraduría Nacional del Estado Civil declaró “inviable jurídicamente” su intento de inscribirse por firmas, al considerar que ya había sido reconocido como precandidato en la consulta interna de la coalición de izquierda. Aunque Quintero renunció días antes de la votación, el plazo legal para hacerlo ya había vencido, lo que lo dejó inhabilitado para buscar otra candidatura por fuera del pacto.
La decisión se basa en la ley 1475 de 2011, que establece que los resultados de las consultas son obligatorios para quienes se inscriben como precandidatos. Según la Registraduría, permitirle recolectar firmas sería avalar “un acto final ilícito”, pues su inscripción quedó en firme y no fue retirada por los partidos que lo respaldaban. El tarjetón oficial, con su nombre y fotografía, fue entregado a las organizaciones políticas sin que se solicitara modificación alguna. El senador Iván Cepeda resultó ganador de la consulta, y Quintero quedó fuera del juego.
La jugada del exalcalde, que generó tensiones entre sus antiguos aliados, se convirtió en un boomerang político. A pesar de las advertencias de la Misión de Observación Electoral y figuras como Susana Muhamad, Quintero insistió en que su participación era partidista y que aún podía aspirar por otro mecanismo. Tras el rechazo oficial, anunció que emprenderá acciones judiciales para “resetear la política”, mientras denuncia que la Registraduría dilató el proceso para quitarle tiempo. Todo indica que su camino hacia la Casa de Nariño será más judicial que electoral.