El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha reaparecido en el panorama político nacional con un nuevo intento de llegar a la Presidencia de Colombia. Tras múltiples tropiezos y su retiro tardío de la consulta del Pacto Histórico en octubre, Quintero recibió recientemente el aval del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), lo que le permite presentarse como candidato en las elecciones de 2026. Sin embargo, este respaldo ha generado controversia, pues expertos señalan que aún existen dudas jurídicas sobre la validez de su postulación.
Quintero, conocido por sus mensajes contundentes en redes sociales, ha afirmado que “sí o sí” será presidente, presentando su candidatura como un paso histórico y simbólico. No obstante, su trayectoria política está marcada por cuestionamientos: además de las irregularidades en su salida del Pacto Histórico, intentó acercamientos con otros partidos sin éxito, hasta encontrar finalmente un espacio en AICO. Este recorrido evidencia más un interés personal por mantenerse vigente que un proyecto político sólido.
A las dudas sobre su candidatura se suman los procesos judiciales que enfrenta por presunta corrupción durante su gestión como alcalde de Medellín. Aunque la justicia aún no ha emitido fallos definitivos, la sombra de estos señalamientos acompaña cada uno de sus pasos, obligando a manejar la información bajo el principio de presunción de inocencia.
El caso de Daniel Quintero refleja cómo ciertos liderazgos buscan reinventarse en medio de la polémica, apelando a discursos de transformación mientras cargan con cuestionamientos legales y reputacionales. Su candidatura, avalada por AICO, abre un nuevo capítulo en la política colombiana, pero también plantea interrogantes sobre la legitimidad de los procesos electorales y la verdadera intención detrás de su insistencia en ocupar el cargo más alto del país.
