La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, alegando irregularidades en la conformación de la terna y violaciones a la ley de cuotas de género. Según los demandantes, la designación de Camargo generó una sobrerrepresentación masculina del 66% en la Sala Plena, frente a un 33% de mujeres, lo que contraviene los principios de equidad establecidos por la ley.
El proceso judicial también pone sobre la mesa posibles conflictos de interés. Una de las demandas fue asignada al magistrado Ómar Joaquín Barreto, quien solicitó declararse impedido por su amistad de más de dos décadas con Camargo. Además, se cuestiona el historial del exdefensor del Pueblo, señalado por presuntamente asegurar cargos públicos mediante favores políticos, incluyendo la contratación de familiares de magistrados y senadores que luego respaldaron su elección.
Durante su gestión en la Defensoría del Pueblo, Camargo habría beneficiado a familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que representa el 41% de sus integrantes. También se le atribuye haber otorgado contratos por 200 millones de pesos a allegados de la senadora Esperanza Andrade, quien posteriormente votó por él. Estas acciones, según los demandantes, viciaron el proceso de conformación de la terna presentada al Senado.
El caso ha desatado un debate nacional sobre la transparencia en la elección de altos funcionarios judiciales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional. Mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de las demandas, se espera que este proceso siente precedentes clave en materia de equidad de género, ética pública y legitimidad democrática.