Las recientes jornadas de protesta en Bogotá han encendido el debate sobre el uso de la fuerza y los límites del derecho a la manifestación. El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella fue enfático: “En Bogotá lo que necesitamos es mano dura, bajo el imperio de la ley. No más vagabundería disfrazada de protesta social”. La declaración se dio tras los bloqueos y disturbios ocurridos el 14 de octubre, cuando manifestantes tomaron edificios públicos y paralizaron sectores clave de la ciudad.
De la Espriella, conocido por su discurso firme frente al orden público, pidió que las autoridades apliquen el uso legítimo de la fuerza para evitar que “tres peludos encapuchados paralicen a Bogotá”. Su postura ha sido respaldada por sectores que reclaman mayor autoridad frente a lo que consideran abusos del derecho a la protesta. Sin embargo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar la movilización ciudadana, especialmente en contextos de exigencia legítima como el de comunidades indígenas y campesinas que se tomaron el Ministerio del Interior.
El llamado a “ponerle límites” a la protesta se da en medio de una creciente tensión entre el gobierno nacional y sectores sociales que denuncian incumplimientos y falta de diálogo. Mientras la Secretaría Distrital de Gobierno insiste en acompañar las marchas de forma pacífica, el discurso de mano dura gana terreno en el debate público, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales.