La comunidad de San Pelayo se encuentra en medio de una creciente indignación tras las acusaciones contra el alcalde William Cavadia, apodado «mala paga», por no haber cumplido con los pagos a los músicos que participaron en el recientemente celebrado Festival Nacional del Porro.
Las críticas se dirigen no solo hacia la falta de pago, sino también hacia la Junta Directiva del festival, la cual, según los denunciantes, carecía de la experiencia necesaria para gestionar adecuadamente las cuentas y presentar los informes requeridos ante la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Cultura.
Además, se ha revelado que el festival ha sido percibido como un negocio familiar, ya que varios miembros de la familia del alcalde, incluyendo a su hija, quien ocupa el cargo de Gestora Social, están involucrados en la organización y han mostrado un creciente interés por los contratos relacionados con el evento.
Los pelayeros no han tardado en expresar su descontento, lamentando la escasa gestión del alcalde y exigiendo transparencia y responsabilidad en la administración de los fondos destinados a la cultura. La situación ha generado un debate sobre la ética y la eficacia del liderazgo municipal, dejando a la comunidad en la incertidumbre sobre el futuro de sus tradiciones culturales.