Continúa la persecución al establecimiento de Pollo Aranna, ubicado en el barrio La Castellana, en la calle 60 No 6-47, que amenaza con que el local cierre sus puertas al público, perjudicando así a decenas de familias que dependen de este trabajo.
A pesar de que Pollo Aranna ha atendido a cabalidad y de manera oportuna los requerimientos solicitados por parte de la CVS y de la Secretaría de planeación, el pasado martes 25 de junio, por medio de una notificación escrita, ambas entidades manifestaron que no están dispuestas a conciliar.
Con relación a toda esta situación, injusta ante los ojos de muchas personas, el abogado Juan Carlos Burgos, quien ha estado al frente del caso, se pronunció al respecto y aseguró que se han oído voces diciendo que, “Pollo Aranna no puede estar en La Castellana porque dicen que es un negocio del sur de Montería, hay una discriminación con ese tema entonces algún influyente político que vive en el edificio diagonal a Pollo Arana ha manifestado la intención de cerrar el local”.
Por su parte, Pollo Aranna atendió los requerimientos solicitados tanto de la CVS como de la Secretaría de Planeación, en cuanto al estudio de suelo, la estructura y reubicación de la chimenea entre otros, aparte de las sugerencias dadas por las mismas entidades, todas y cada una fueron atendidas de manera satisfactoria.
“Pollo Arana ejerce una actividad comercial en Montería de más de 20 años, generando 80 empleos directos y ha sido un comerciante legítimo que la administración pública le debe la generación de empleo, paga sus impuestos, paga Industria y Comercio, Cámara de Comercio al día, bomberos, uso del suelo legalmente obtenido ante la Secretaría de Planeación con una consulta anterior antes de montar el negocio”, sostuvo el jurista.
Es por eso que la administración y el cuerpo legal no entienden como recientemente dentro de la audiencia que regula el artículo 180 de la ley procesal administrativa, la subdirectora de la CVS, María Angelica Sáenz Espinosa, después que Pollo Aranna, le solicitara en varias ocasiones que archivara la investigación administrativa, puesto que todos los requerimientos que había solicitado se habían atendidos, presentara un acta donde dice que no están dispuestos a conciliar, igual que la Secretaría de Planeación.
“Pretenden utilizar entes del sistema gubernamental para atacar Y cerrar una actividad comercial totalmente legal y que genera empleo, no creo que esa sea la función estatal de acabar con los comerciantes que generan empleo que desarrollan una actividad lícita”, cuestionó el abogado Burgos.