A pocos días de conmemorarse el día del periodista, 9 de febrero, el Director de este medio, Víctor Arrieta Méndez, es víctima de ataques judiciales por parte del Contralor Departamental de Córdoba, Emilio Otero Dajud, quien pretende censurarlo.
El malestar, la ira y el enojo del Contralor Departamental se deriva de varios hechos registrados por Arrieta Méndez, entre ellos un sondeo de opinión realizado por este comunicador en la red social Twitter, en la que pregunta a sus seguidores: ¿cómo califican la gestión como contralor departamental de Córdoba del señor Emilio Otero?
Los resultados de los internautas dan una muestra de una gestión buena del 26 % y muy corrupta del 49 %. Dichos sondeos fueron publicados en su red social.
Igualmente, arremete el mencionado Contralor contra el comunicador porque este en reiteradas ocasiones denuncia la inoperancia del organismo de control departamental en sus funciones de control fiscal. Son varios y graves los hechos de corrupción presentados en el departamento, que han traído como consecuencia, entre otros hechos, la intervención por el gobierno Nacional del Hospital San Jerónimo de Montería y que decir de la sanción disciplinaria de la destitución e inhabilitado del exgobernador Edwin Besaile, sin que dicho ente a su cargo se percatara o tomara acciones al respecto. Tremendos elefantes no fueron vistos por el actual Contralor.
También muestra inconformismo por su recordación a su oscuro pasado como Secretario General del Senado de la Republica, lo que le impidió, precisamente por denuncias periodísticas, que fuera reelegido en dicho cargo. A cambio sus amigos Besailes y Ñoños lo premiaron con la Contraloría Departamental en un cuestionado concurso meritócratico.
Manifiesta el contralor en acción de tutela contra el comunicador, que ha sido “tolerante”, pero que ya se ha “desbordado su paciencia”, por lo que no está dispuesto a que se cuestione, vigilen, denuncien posibles irregularidades, por parte de la prensa, de las actividades por el desarrollada como servidor público, lo cual, sin duda, constituye un acto de censura.
La pregunta que se hace este medio es: ¿qué o cuales son las acciones que tomara el contralor al “desbordarse su paciencia”? ¿A caso tal dicho no constituye un acto intimidatorio?
La FLIP ha sostenido que el acoso judicial en una forma de intimidación que atenta contra el libre derecho de informar y ser informado y constituye un acto de censura, por lo cual brindara acompañamiento al pluricitado comunicador.
Ahora bien, La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en su informe anual sobre el desarrollo de la actividad periodística en Colombia, registró un incremento en del 43% en ataques a la prensa durante 2018.
Los principales responsables de los ataques, según el informe, ya no son los grupos al margen de la ley, pues los funcionarios del Estado y la Fuerza Pública ahora ocupan el primer lugar. Desde 2009 la FLIP alertó un incremento en agresiones cometidas por servidores estatales.
Es por esta razón que la FLIP invita al Gobierno Nacional a instalar una política pública sobre la libertad de expresión y la protección a los periodistas, un proyecto que quedó a media máquina en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues no se completó y se quedó en un borrador de decreto. Con el aumento de las agresiones a los periodistas y los nuevos casos de censura, el Estado sigue en deuda con la profesión.
Al cierre de esta nota periodística se conoció que el Secretario General de la Contraloría Departamental, cuyo contralor es Emilio Otero, fue capturado par orden de la Fiscalía General de la Nación por hechos de corrupción.