Varios de los ancianos que figuraban en la lista de beneficiarios de los convenios que suscribió la Gobernación de Córdoba con siete municipios y que fueron reportados como muertos en la denuncia, salieron a gritar a viva voz que están ‘vivitos y coleando’.
Con certificaciones hechas ante las Notarías e Inpecciones manifestaron que no entienden cómo pudieron incluirlos en la lista de ancianos muertos, cuando realmente se beneficiaron del programa que se gestó con los recursos de la estampilla Pro Anciano.
La misma denuncia señala que los beneficiarios no son del sitio donde aparecen registrados, versión que también fue desmentida por algunos de ellos, quienes aseguraron que de no ser por el programa su vida hubiera sido un verdadero calvario.
Aunque la Procuraduría General de la Nación suspendió a la secretaria de Mujer de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, indicando que no hizo la vigilancia necesaria para garantizar que la inversión de cuatro mil millones de pesos se hiciera con la transparencia debida, la funcionaria ha explicado que los contratos fueron hechos por los municipios y que no es cierto que los ancianos que aparecen firmando los listados estén muertos, como señala la publicación de un medio nacional.
Ese testimonio empezó a ser desmentido por los mismos beneficiarios del escándalo que fue bautizado como el Cartel del Bastón y que según las personas cercanas a la administración, podría tratarse de un nuevo ataque con visos políticos.
Los testimonios
Dentro del listado de testimonios aparece el de Eduardo Rivas Castillo, quien fue reportado en la lista como si estuviera muerto. Sin embargo, él mismo declaró que vive en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia.
Lo hizo ante la Notaría de Caucasia, donde bajo la gravedad de juramento reconpció que fue beneficiario del programa Mis Años Dorados en el municipio de Valencia. «Me encuentro vivo», reiteró ante el notario.
Una historia similar ocurrió con Humberto José Montesinos Aguilar, quien tiene cédula expedida en Barrancabermeja, pero tiene su residencia y domicilio familiar en la vereda Las Balsas, del municipio de Ciénaga de Oro, tal y como lo certificó el inspector central de Policía, Mario Alberto Petro González.
Lo mismo ocurrió con José de los Santos Andrade Furnieles. Hizo una declaración juramentada en la Notaría Única del Circuito de Arboletes, en la que expresa que es un hombre de 64 años y que perteneció al programa en el año 2016. Es residente en el barrio Villa Luz del municipio de los Córdobas.
El listado de testimonios sigue con el de Zoyla Rosa Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 50994716, quien también se mostró ante las cámaras de televisión para señalar que no está muerta y que fue beneficiaria del programa.
Indicaron que todos ellos podrían corroborar que recibieron los beneficios del programa y que si bien es cierto que se han podido presentar equivocaciones a la hora de escribir el número de cédula, eso no es razón suficiente para desprestigiar un programa que busca hacerle su vejez más agradable, pese a las precarias condiciones en las que viven y a la pobreza extrema que les toca sobrellevar.