El fiscal 78 Anticorrupción, Daniel Fernando Díaz Torres, el mismo que figura en una conversación en la que se indica que habría recibido 300 millones de pesos para no investigar al gobernador Edwin Besaile por un pago hecho al cartel de la hemofilia, tiene orden de captura.
El funcionario de la Dirección Nacional contra la Corrupción estaba adelantando investigaciones relacionadas con el desfalco a las arcas de Córdoba por valor cercano a los 50 mil millones de pesos, hecho de corrupción que tiene tras las rejas a contratistas, exsecretarios de Salud de Córdoba y funcionarios del mismo despacho.
Su nombre empezó a sonar por una supuesta grabación en la cual estarían hablando el exdirector nacional de Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y el abogado Leonardo Pinilla, ambos pedidos en extradición tras la denuncia de soborno hecha por el exgobernador Alejandro Lyons, en la cual señalan que Díaz habría pedido 300 millones para no investigar formalmente al actual gobernador, Edwin Besaile, por haber pagado una cuenta de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana, una de las que habría falsificado el listado de pacientes de hemofilia.
El primero en pronunciarse sobre este caso fue el director general de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, quien no negó que existiera tal grabación y sostuvo que había recibido notificación formal por parte del gobierno de Estados Unidos sobre varias grabaciones que revelaban detalles importantes sobre los casos de corrupción en Córdoba y en Colombia. Sin embargo, dijo que no la tenía en su poder en ese momento.
Cuando estalló ese nuevo escándalo que implicaba a funcionarios del ente investigador, afirmó que sería drástico con los miembros de la Fiscalía a los que les descubrieran actos de corrupción para encubrir o tapar investigaciones sobre los robos al erario público en Córdoba y en el resto del país.
También el actual gobernador Edwin Besaile se refirió al tema. Dijo que jamás había tenido contacto alguno con el fiscal Díaz, que jamás le había entregado dinero y que este no tenía fuero para investigarlo, por su condición de gobernador y que eso sería una misión de la Corte Suprema de Justicia.
Besaile dijo que no admitiría hechos de corrupción en su administración, pero tendrá que explicarle a las autoridades por qué pagó una cuenta en el marco de un proceso que estaba viciado por la corrupción y además sobre el que existía un control de advertencia por parte de la Contraloría General de la Nación.
Este nuevo hecho pone al descubierto la red de miembros de la justicia que habría recibido dinero a cambio de frenar investigaciones, las cuales estarían soportadas en por lo menos 50 grabaciones que tiene el exgobernador Lyons en su poder y que está dispuesto a entregar a las autoridades de Estados Unidos.